Líderes Demócratas y 28 Miembros del Congreso Rechazan Justificación de la Gobernadora por Compartir Datos de Inmigrantes
WASHINGTON, D.C. — En una contundente acción congresional encabezada por el Comisionado Residente Pablo José Hernández, 28 miembros de la Cámara de Representantes, incluyendo a los líderes demócratas de los comités con jurisdicción sobre seguridad nacional, inmigración, y supervisión gubernamental, expresaron su rechazo a la decisión del gobierno de Puerto Rico de compartir voluntariamente información personal de inmigrantes con las autoridades federales.
El esfuerzo incluye el apoyo de los congresistas Adriano Espaillat (Presidente del Caucus Congresional Hispano), Bennie G. Thompson (Comité de Seguridad Interna), Robert García (Comité de Supervisión) y Nydia M. Velázquez (Comité de Pequeñas Empresas).
Los líderes congresionales desmienten la alegación de la Gobernadora Jenniffer González de que su administración estaba obligada a cooperar con ICE bajo amenaza de perder fondos federales. La propia agencia federal desmintió esa afirmación públicamente, señalando que no hubo citaciones ni advertencias sobre fondos.
“La ley federal no obliga a Puerto Rico a entregar voluntariamente información personal al ICE. Más aún, los tribunales han determinado que no se puede coaccionar a los gobiernos locales a cooperar en estos casos. El Gobierno de Puerto Rico no solo se equivoca jurídicamente, sino que también pone en riesgo la confianza y seguridad de nuestras comunidades inmigrantes”, afirmó Hernández.
El esfuerzo solicita que el gobierno de Puerto Rico detenga inmediatamente el traspaso voluntario de datos sensibles, y que proteja la información confiada por inmigrantes que obtuvieron licencias de conducir conforme a la ley puertorriqueña.
Esta acción se da tras un reciente fallo judicial que validó el derecho de los estados a no compartir información de sus respectivos departamentos de transportación y obras públicas con ICE.
“Como funcionarios públicos, juramos proteger el estado de derecho, incluyendo la privacidad y los derechos de las personas inmigrantes. Puerto Rico no debe actuar por miedo ni por desinformación, sino con claridad jurídica y convicción moral”, concluyó Hernández.
###